Cuándo, cómo y dónde será el estallido, el paso del descontento y de la indignación a la ira, expresada violentamente. Van predominando los diagnósticos es este sentido. Es una masa crítica agregada de familias desahuciadas o en vías de serlo, dejadas en la calle; miles de estafados por la inversión en productos "preferentes" de los que sólo se informaba de los réditos superiores, no de los riesgos inherentes; y los parados, más de cuatro millones, de toda edad y formación.
Es mucha gente sumida en un estado de ánimo des: Desconfiado, desesperanzado, desesperado...
De esos tres cráteres sociales, el que está provocando una mayor respuesta ciudadana -incluida una pre-violenta de la que hablaremos en una entrada inminente- es el de los desahucios. Se consiguió recoger - por la Plataforma Anti-desahucios, PAH- alrededor de millón cuatrocientas mil firmas para cumplir con el requisito legal para una Iniciativa Legislativa Popular (ILP)que reforme la actual ley hipotecaria. Ninguno de los dos partidos mayoritarios, Popular y Socialista Obrero, PP-PSOE, la respaldaron. Pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sí ha dictaminado sobre la insuficiente protección de los derechos de los hipotecados, que bajo esa legislación pueden quedar sujetos a cláusulas abusivas por parte de las entidades financieras. Con esa resolución, los jueces cuentan con un respaldo jurídico para detener procedimientos de desahucio que estimen abusivos.
Joaquim Sempere en Público apuntaba cómo tras la resolución del TJUE, la élite político-financiera que desgobierna España ha pasado del desprecio al servilismo, desprecio a la ILP, muy buenos modales con la "constructiva y razonable" declaración del TJUE...
Aludía al inicio a los diagnósticos cada vez más mayoritarios tildando de explosiva la situación político-económico-social. Muchas cosas han de cambiar y, tomo la síntesis de Germà Bel en una de sus recientes colaboraciones en La Vanguardia: "No suele pasar que un sistema político, institucional y administrativo acostumbrado a la arbitrariedad sea reformado por los actores que tienen intereses en su preservación. Y a la preservación del mismo ayudan la falta de transparencia, la inestabilidad de las reglas, y el incumplimiento de los compromisos institucionales"...
O dicho de otro modo, más breve, contundente y demoledor, por Josep Ramoneda en El País de hace pocas semanas: España "es un estado desautorizado, un estado en manos de la capacidad de intimidación del dinero"...
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